FRANCISCA RAMÍREZ:
“QUE NOS DEJEN MARCHAR”
A cuatro días de que se
desarrolle la cuarta marcha nacional contra el proyecto del Canal y por la
derogación de la Ley 840, la Policía Nacional, no se ha pronunciado sobre la
solicitud de acompañamiento que le presentó el Consejo por la Defensa de la Tierra.
El 4 de abril la coordinadora de ese movimiento, Francisca
Ramírez, le dirigió una carta al comisionado Arnulfo Rocha Mora, jefe de Nueva
Guinea, para comunicarle de la actividad programada para este viernes 22 de
abril, en la localidad. Ramírez aclaró que el escrito no fue una solicitud de
permiso, sino de comunicación, pues la manifestación y concentración es un
derecho.
Ramírez demandó a la Policía “que por primera vez
en la vida, nos dejen marchar”, pues recordó que en todas las 64 marchas contra
el Canal que han realizado han presentado similares escritos, sin que la
Policía se pronuncie.
REPRESIÓN POLICIAL
Y “en las 64 marchas siempre han habido atropellos, siempre
hemos tenido represión y siempre las hemos hecho”, expresó Ramírez.
Dijo que aunque saben que la Policía no se pronunciará sobre
dicha solicitud, esto lo hacen para que el Gobierno no alegue que no está
enterado, como se justificó en el informe que en marzo pasado presentó ante el
Consejo de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, en Ginebra, sobre los
acontecimientos de la marcha del 27 de octubre de 2015.
Sobre esos alegatos en relación con los incidentes del 27 de
octubre, en Managua, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos
Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, lo calificó como una “desfachatez”, pues sin
ninguna vergüenza informaron a los mecanismos de Naciones Unidas “haber estado
desinformados en el sentido de que fue una marcha sin permiso”.
Carrión señaló que “manifestarse es un derecho político, un
derecho humano, constitucionalmente establecido. El término de permisibilidad
no puede ser arrogado por las instituciones del Estado. El elemento así como
regulatorio es para fines del conocimiento de la autoridad estatal de que se va
a ejercer un derecho y lo que debe hacer el Estado es adoptar las medidas para
que la ciudadanía que se va a manifestar, lo pueda hacer”.
Apuntó que “está probado en los últimos años que con o sin
permisos, quienes se manifiestan en defensa de diversos derechos han enfrentado
los riesgos, por acción u omisión de los agentes del Estado”.
En el escrito, dirigido al
comisionado Rocha, Ramírez le da a conocer que el 22 de abril próximo, a partir
de la 9:00 a.m., realizarán “una manifestación y movilización pública cívica y
pacífica, en el municipio de Nueva Guinea”. Y le aclara que esta actividad la
desarrollarán amparados en lo establecido en el capítulo 2, artículo 54, de
derechos políticos de la Constitución Política que dice:
“Se reconoce el derecho de manifestación y concentración
pública”.
En el mismo escrito le especifican a Rocha que a la actividad
acudirán delegaciones de todo el país, quienes demandan la derogación de la Ley
840, “por lo que le solicitamos en calidad de autoridad del orden público, que
se nos provea cobertura, protección, acompañamiento a toda la población
nicaragüense que se estará desplazando en todo el trayecto de dicha actividad”.
El número de muertos a causa del terremoto de magnitud 7,8
registrado este sábado en Ecuador se elevó a 246, mientras que los heridos son
2.527, según un balance divulgado hoy por el vicepresidente del país, Jorge
Glas.
El vicepresidente, en declaraciones a periodistas en la
localidad de Manta, una de las ciudades afectadas, señaló que existe una lista
de desaparecidos, pero no precisó cuántas personas figuran en ella. Indicó que
ya se han desplazado a la ciudad de Pedernales (norte), otra de las más afectadas
por el terremoto, 700 agentes entre policías y miembros de las Fuerzas Armadas
y agregó que las autoridades siguen adelante con tareas de coordinación de
ayuda médica, logística y de distribución de agua y alimentos, entre otras.
Lea: 135 réplicas tras sismo de 7,8 en Ecuador El
terremoto se produjo el sábado a las 18.58 hora local (23.58 GMT), con un
epicentro situado entre los balnearios costeros de Cojimíes y de Pedernales, en
la provincia de Manabí y colindante con la vecina Esmeraldas.
Antes de abordar un vuelo hacia Pedernales, Glas dijo que
prosiguen los trabajos para el restablecimiento del suministro eléctrico en las
zonas afectadas.
FISCALÍA ACUSA A SALMERÓN POR MASACRE EN MATAPALOS COSTA
RICA.
Una semana después que la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) rechazara la solicitud de extradición
que hizo Costa Rica para que Michael Adrián Salmerón Silva, de 24 años, fuese
procesado en el vecino país, el Ministerio Público ayer lo acusó formalmente en los Juzgados
de Managua.
La acusación es por
los delitos de femicidio, homicidio, homicidio frustrado y
exposición de personas al peligro en perjuicio
de una familia en la comunidad de Matapalo, Costa Rica. Esta quedó radicada en
el Juzgado Primero Distrito Especializado en Violencia de Managua, a cargo de
la jueza Fabiola Betancourt.
Salmerón Silva es sospechoso de
haber matado a cinco miembros de una familia, entre
ellos la pareja y sus tres hijos.
A cargo del caso
quedó la fiscal Sardes Pérez, quien presentará los detalles de la acusación hoy
en la realización de la audiencia preliminar. El acusado podría enfrentar una
condena de hasta 99 años de ser hallado culpable, de los cuales solo cumpliría
30 debido a que este es el máximo período que contempla la Constitución
Política de Nicaragua.
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Las víctimas del
crimen corresponden a los nombres de Yeimmy Jessica Durán, Dirk Benuchamp,
madre y padre respectivamente de los niños de 6, 8 y 12 años, que también
fueron asesinados.
DELINCUENTES ASESINAN A SUBOFICIAL DE BILWI.
La policia nacional investiga la muerte del sub oficial
Dinki Santos de la Region Autonoma del Caribe Sur quien fallecio el domingo 17
de abril a las 00.00 horas en el aeropuerto del municipio de Bilwi.
Segun datos de
relaciones publicas de la policia nacional el official Santos fue
interceptado por un grupo de delincuentes, quienes con la finalidad de robarle
lo agredieron con objetos contundentes (piedras y bate) que le causaron la
muerte por lesiones craneoencefálicas
Durante la agresión,
el Sub Oficial Dinkin actuando en defensa propia realizó varios disparos,
impactando a dos de sus agresores; Moisés Antonio Dávila Osorio, 29 años con
antecedentes de alteración al orden público, quien falleció en el lugar y
Yasmani Tali Martínez de 20 años lesionado. El resto de agresores de identidad
desconocida se dieron a la fuga.
Fuente:Relaciones
publicas Policia Nacional
LA PRENSA/HOY/ND/RADIO MANANTIAL102.5 FM
VIRGILIO DIAZ
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