CIDH SOLICITÓ AL GOBIERNO MEDIDAS CAUTELARES PARA PRESERVAR
LA VIDA E INTEGRIDAD DE LA LÍDER CAMPESINA ANTICANAL FRANCISCA RAMÍREZ.
En la resolución 33/2017 de Comisión Interamericana de
Derechos Humanos otorga medidas cautelares a la dirigente campesina Francisca Ramírez por ser objeto de amenazas,
hostigamientos y actos de violencia en el ejercicio de funciones” e informe
sobre las acciones adoptadas en cuanto a la investigación de los hechos
alegados “que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así
evitar su repetición”.
Entre la información aportada ante la CIDH para ilustrar la
presunta criminalización de la cual sería objeto Ramírez, resalta las
detenciones de manera arbitraria en varias oportunidades durante los años 2014,
2015 y 2016 por varios motivos, presuntamente relacionados con su labor como
defensora y las amenazas de muerte recibidas.
En octubre de 2016, uno de sus hijos de nombre Gleybing
López Álvarez habría sido asaltado por un grupo de personas fuertemente armadas
y con uniforme militar. Según los solicitantes, estos presuntos hechos
ocurrieron al día siguiente de que un líder comunitario del partido de gobierno
“(…)la acusara de ser la líder de grupos de narcotraficantes (…)”, refiere la
resolución.
También fue del conocimiento de la CIDH el atentado contra
su hijo Maynor López Ramírez, el 23 de abril del presente año, cuatro días
después Ramírez y su cónyuge “habrían sido objeto de una persecución vehicular
durante un traslado terrestre entre dos comunidades por parte de personas que
portaban uniformes que parecían de militares y a quienes en la solicitud se les
refiere como integrantes de las fuerzas armadas”.
Igualmente fue denunciado la intimidación a la esposa de un
trabajador cercano a Ramírez el 4 de mayo de 2017, por parte de tres hombres no
identificados y encapuchados para presionarla a decirles información sobre la
dirigente campesina. Y señala que en su última comunicación en agosto pasado
los solicitantes de los medidas cautelares a favor de Ramírez indicaron que la
situación de riesgo persistía pues a inicios de ese mes el vehículo del hermano
de Ramírez, Faustino Felipe Flores Gutiérrez, ” habría sido abierto por
personas desconocidas quienes habrían dañado el sistema eléctrico del mismo, a
pesar de que no habrían robado ningún artículo al interior del mismo”.
La resolución destaca las llamadas de parte del secretario
político del Gobierno en la zona que le habría señalado entre otras cosas que
“está siendo manipulada por las organizaciones de derechos humanos y que ella
está intentando engañar a las personas”. A su vez, las declaraciones de esa
misma persona que habría declarado en programas de radio que Ramírez y su
movimiento constituirían “un grupo político que quiere tomar el poder y minar
al gobierno actual”.
El abogado, docente y especialista en derechos humanos,
Ramón Eugenio Rodríguez, calificó las medidas cautelares a favor de Francisca
Ramírez como “sumamente importante para esta familia, y la labor que realiza
toda persona que se sienta defensor(a) de derechos humanos en Nicaragua, pues
retoma el deber que tiene la CIDH ante las amenazas, riesgos y demás
arbitrariedades que se han cometido y pueden continuar cometiéndose ante el
poco respeto a los derechos humanos en el país”.
Recordó Rodríguez que la CIDH ha otorgado otras medidas
cautelares que aún están pendientes por parte del Estado como las de la
presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica
de Nicaragua (Cejudhcan), Lottie Cunningham, poblaciones de doce comunidades indígenas
de la Costa Caribe Norte por el conflicto con los colonos, las dictadas a favor
de Carlos Humberto Bonilla Alfaro y María Gabriela García Morales entre otras.
ARCHIVOS: RADIO MANANTIAL 102.5 FM
EDICIÓN: VIRGILIO DIAZ.
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