PRO TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN DE NICARAGUA INTERPONE RECURSO
CONTRA LEY DE TERRORISMO.
El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de
Nicaragua interpuso esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, un
recurso por inconstitucionalidad en contra de la ley sobre terrorismo aprobada
el 17 de julio pasado por la Asamblea Nacional de Nicaragua.
El recurso va dirigido contra el presidente Daniel Ortega y
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, e indica que las reformas a
artículos del Código Penal que ordenó la nueva ley contra el terrorismo,
"violentan la Constitución Política", indica el organismo
Observatorio Pro Transparencia.
El secretario general de la CSJ, Rubén Montenegro, fue quien
recibió el escrito, aseguró Alberto Novoa, asesor legal de este organismo
jurídico.
El recurso explica que la recién aprobada Ley Contra el
Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, manda la reforma a los artículos
394 y 395 del Código Penal, modificando la definición de terrorismo y
financiamiento al terrorismo.
El documento indica que esos nuevos conceptos son muy
amplios y usa tipos penales abiertos, dejando a discrecionalidad de las
autoridades la interpretación y alcance de esos articulos con "el único
objetivo de abrir espacio a la criminalización de las protestas públicas
ciudadanas", indicó Novoa.
"Dichos conceptos redactados en el Código Penal
violentan los articulos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de
Nicaragua", explicó el jurista Novoa.
Este observatorio lo integran el Movimiento por Nicaragua;
Hagamos Democracia; el Instituto de Liderazgo de la Segovia, el Movimiento
Puente, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH y la Comisión
Permanente de los Derechos Humanos.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista,
aprobó el 17 de julio pasado una ley que entre otras cosas castiga el
terrorismo con hasta 20 años de prisión a quien mate o lesione a una persona,
aunque no participe en una situación de conflicto armado, ocasione daños a
bienes públicos o privados o pretenda a como lo indica la ley “alterar el orden
constitucional” u obligar a un Gobierno a realizar un acto o abstenerse de
hacerlo.
La ley, que fue aprobada durante una sesión extraordinaria
con 70 votos a favor de la mayoría sandinista, fue propuesta por el presidente
Daniel Ortega al Legislativo y fue aprobada en medio de la crisis sociopolítica
de Nicaragua, originada por protestas contra el Gobierno, y que este describe
como actos terroristas.
La oposición parlamentaria argumenta que con esta norma se
pretende criminalizar las protestas.
ARCHIVOS: RADIO MANANTIAL 102.5 FM
EDICIÓN: VIRGILIO DIAZ.
FUENTE; N/D
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